Nuevas pruebas fueron aportadas por la querella. El Tribunal decidió pedir una prueba de ADN para determinar alguna relación con el caso.
Este viernes se reanuda en los Tribunales de Cruz del Eje, el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa ocurrido en abril del 2020 en Capilla del Monte, donde la joven de 35 años fue violada y asesinada.
El Tribunal decidió suspender las audiencias, el pasado 21 de mayo, por la sorpresiva aparición y peritaje de una nueva prueba aportada por una de las abogadas de la familia de Cecilia, Daniela Pavón.
Según sostiene la querella, nunca se investigó la denuncia realizada, dos años atrás, por el propietario de un campo cercano al lugar donde apareció el cuerpo.
Dicha denuncia, que alertaba sobre el hallazgo de un colchón con sangre, fue realizada por el dueño del terreno, de apellido Rojas, el 15 de mayo de 2020.
La exposición del hombre, que no acudió al lugar durante varios meses debido a la cuarentena a que obligó la pandemia, detalló que se habían violado los cerramientos del inmueble. Además, indicó que el lugar presentaba indicios de acciones violentas.
Este hecho no fue investigado por la fiscal Paula Kelm y, al ser mencionado en el juicio, la Cámara decidió ordenar los análisis de ADN de la sangre encontrada con los hermanos de Cecilia.
La fiscalía del juicio tendrá que determinar si tiene o no vinculación con el femicidio que se investiga. De encontrarse elementos que conecten a esa denuncia con el crimen que se intenta esclarecer, esto impactaría directamente en la investigación realizada para elevar la causa a juicio.
El único acusado en la causa es Lucas Bustos, un joven albañil, sobre el que recae la imputación de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa”, que prevén la pena de prisión perpetua.
Para la fiscal Kelm, Bustos habría matado a Cecilia por “asfixia”. Es decir que, de comprobarse que la sangre pertenece a Cecilia se abriría una nueva e importante línea de investigación.
Vale recordar que la principal prueba incriminatoria hasta aquí es una confesión que el propio acusado habría realizado en la comisaría de Capilla del Monte. Según la querella, tal confesión habría sido obtenida bajo apremios ilegales. Por ello, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se ha constituido como querellante en el juicio.
Fuente: cba24n