Confirman rechazo a la ampliación de la denuncia contra el intendente de San Marcos Sierras
César Briguera está procesado por presunta remoción o excavación en un basural situado en una área arqueológica protegida.
cuatro meses del procesamiento del intendente de la localidad de San Marcos Sierras, César Briguera (57), por la excavación en un área arqueológica protegida, la Cámara Federal de Córdoba confirmó la desestimación de la ampliación de la denuncia por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes, destrucción de patrimonio cultural y daño.
El funcionario –exempleado metalúrgico- fue imputado por el fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian, por el delito de prospección, remoción y excavación en yacimientos arqueológicos luego de la denuncia efectuada por la comunidad Tay Pichin y la Asamblea Ambiental por el monte de San Marcos Sierras.
Qué se denunció
En junio de 2021, Briguera fue acusado por haber presuntamente ordenado tareas de remoción, movimientos de tierra y excavaciones en la plaza Casique Tulián en el marco de un proyecto de modificación de veredas, calles y plaza, área protegida de la Reserva Arqueológica Provincial Quilpo, sin contar con la debida autorización de la Agencia Córdoba Cultura.
Así, el fiscal consideró que se había violado dispuesto por la ley nacional 25.743, de Protección de Patrimonio Cultural Arqueológico.
Ampliación de la denuncia
Posteriormente, los querellantes ampliaron la denuncia contra el intendente por la supuesta destrucción de patrimonio al llevarse a cabo importantes excavaciones en el basural municipal -donde existe un sitio arqueológico demarcado- sin contar con la autorización oficial a través de los estudios de impacto cultural y arqueológico.
El fiscal hizo una inspección ocular en el basural, la iglesia y la plaza principal, y decidió ampliar la acusación contra el jefe comunal, en este caso por prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos en el basural, perteneciente a la reserva.
Le achacó entonces haber ordenado la puesta en marcha de obras de remoción, movimientos de tierra y excavaciones en el basural utilizando maquinaria pesada en el sitio de la reserva sin la autorización del órgano competente, violando la ley de protección del patrimonio.
Las excavaciones y las tareas de remoción habrían puesto en riesgo el patrimonio que yace bajo tierra, donde residieron pueblos originarios y existen vestigios como botijos, parideras, piedras alineadas.
El descargo de Briguera
El intendente negó los hechos, y explicó que desde la Municipalidad proyectaron simultáneamente las obras de gas natural y la ampliación de veredas, por lo que consultó a un arqueólogo de la Agencia Córdoba Cultura para saber si se requería autorización previa.
De acuerdo con sus dichos, el experto respondió que para llevar adelante las obras de ampliación de veredas no era necesario realizar estudios previos porque los trabajos no requerían excavaciones ni remociones, no así para la obra de gas para lo cual sí era necesario.
El funcionario dijo que, de esta forma, comenzaron únicamente las obras de ampliación de veredas, que no requirieron remoción ni excavación.
Sin embargo, los querellantes Juan Carlos Tulián (en representación de Tay Pichin) y Mariela Jorgelina Tulián (por la comunidad indígena comechingón-sanavirón Tulián) ampliaron la denuncia por presuntos abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, destrucción de patrimonio cultural y daño en el basural.
Pero finalmente el fiscal solicitó el sobreseimiento de Briguera por el primer hecho (prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos) al entender que el movimiento de tierra para la obra era superficial y sin excavaciones respecto a la modificación de veredas y calles.
Hairabedian opinó que si bien esa zona pertenece a la reserva, ya se encontraba bastante intervenida por la construcción de calles, veredas, plaza, edificios y obras de servicios públicos desde hace décadas.
Señaló, además, que una interpretación que considere delictiva cualquier forma de manipulación de la tierra en la reserva llevaría al absurdo de penalizar la agricultura, forestación y pequeñas construcciones.
El juez coincidió con Hairabedian y concluyó que no existió ningún delito, sin perjuicio de las regulaciones administrativas o recomendaciones arqueológicas que, en última instancia, corresponden a la órbita administrativa.
Briguera procesado
Sobre el presunto delito de prospección, remoción o excavación en yacimientos arqueológicos en el basural, la inspección ocular permitió observar una excavación profunda de grandes dimensiones con importantes movimientos de tierra.
“A su vez, la zona no sólo es un área comprendida en la reserva arqueológica protegida por ley –indicó el juez-, sino que además la excavación está a escasos metros de un sector en el que no se advierte intervención previa y los vestigios arqueológicos son visibles. En efecto, pegado a la excavación y los movimientos de tierra adyacentes, se observa bosque nativo con montículos resultantes de movimientos de tierra removida (…).
“Se encuentra acreditado también, que toda esa zona es de valor arqueológico, ya que al lado de donde han removido la tierra, se pueden observar restos de cinco botijos prehispánicos, que tienen entre 500, 1.000 y 2.000 años y que eran una especie de silos subterráneos que utilizaban los comechingones para guardar el excedente de comida. Allí pueden observarse, también, restos de cimientos de una casa originaria”, resaltó.
Un arqueólogo (no estuvo en el basural) consideró que los trabajos de suelo debían contar con autorización de Córdoba Cultura, mientras que el experto de esa agencia recordó que el basural es un sitio arqueológico protegido.
De esta manera, Bustos Fierro sobreseyó a Briguera por el primer hecho y lo procesó, en cambio, por el segundo. Al respecto, puntualizó que quedó probado que las obras de remoción, movimientos de tierra y excavaciones en el basural se llevaron a cabo bajo su orden, sin autorización, violando la ley de protección del patrimonio.
Confirmación de la Cámara
Este jueves, la Sala B de la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo del juez que en septiembre de 2021 había desestimado la ampliación de la denuncia por abuso de autoridad del intendente, incumplimiento de los deberes, destrucción de patrimonio cultural y daño en el basural.
Fuente: lavoz.com
