Martín Gill irá a juicio por una causa de violencia de género
La fiscal Juliana Companys volvió a elevar a juicio la causa contra el exintendente de Villa María, acusado de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La investigación se originó en una denuncia presentada por su expareja en marzo de 2023.
La causa judicial contra Martín Gill, exintendente de Villa María y exministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, fue elevada nuevamente a juicio por la fiscal de Instrucción Juliana Companys.
La investigación busca determinar la responsabilidad del exfuncionario en dos hechos de presunta violencia física denunciados por su expareja, María Rosa de Lourdes Astudillo. La acusación es por lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
La decisión fue informada por el Ministerio Público Fiscal y se conoció este martes. Los episodios investigados habrían ocurrido en diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill se desempeñaba como intendente de Villa María.
Los hechos denunciados
La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 2023 ante la Unidad Judicial de Villa María. En su declaración, la mujer describió presuntas agresiones físicas y relató un contexto de violencia psicológica y control durante la relación.
Uno de los episodios habría ocurrido el 3 de diciembre de 2022, mientras que el segundo se habría producido el 28 de enero de 2023. Ambos forman parte de la acusación que deberá analizarse en el proceso judicial.
La causa ya había sido elevada a juicio en 2024. Sin embargo, en mayo de 2025, la Cámara de Apelaciones de los tribunales de Río Tercero hizo lugar a un planteo de la defensa y anuló aquella resolución, por lo que el expediente regresó a la Fiscalía para continuar con las actuaciones.
Tras esa revisión, la causa volvió a ser elevada a juicio.
La situación de Martín Gill
Gill fue intendente de Villa María y posteriormente ocupó el Ministerio de Cooperativas y Mutuales durante el gobierno provincial de Martín Llaryora. En noviembre de 2024 presentó su renuncia al cargo ministerial.
La elevación a juicio implica que la causa deberá avanzar hacia la instancia de debate oral, donde se analizarán las pruebas y se determinará si existió responsabilidad penal.
Hasta el momento, la acusación no constituye una condena. La responsabilidad del exfuncionario deberá establecerse en el marco del proceso judicial, con respeto de las garantías correspondientes.
